Nuevo León, México – En un contundente mensaje, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reveló que alrededor del 20% de las empresas en el estado utilizaban el “outsourcing” ilegal, una práctica que involucraba a los empleados como asimilados y evitaba el pago de impuestos. García llamó a corregir esta situación y advirtió que tomará medidas legales en caso de que persista.
Durante un evento en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, el mandatario elogió a la Tesorería General del Estado por su labor en la eliminación del “outsourcing” y destacó que las auditorías ya han comenzado en las empresas que llevaron a cabo esta práctica ilegal. García subrayó que, debido a la implementación del timbrado de sueldos en facturas y el acceso a la base de datos de empresas proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha podido avanzar en estas acciones.
“Como ahora el pago de sueldo ya está timbrado en factura, el SAT nos acaba de dar la base de datos de todas las empresas, RFC y el Registro Patronales de NL y acabamos de empezar las auditorías a todas las empresas que hicieron outsourcing ilegal”, explicó el gobernador. Además, enfatizó que quienes continúen con estas prácticas ilegales enfrentarán consecuencias legales.
“Es muy probable que de aquí a diciembre muchos se van a autocorregir y otros los vamos a litigar, pelear y presentar las denuncias penales, yo solo les aviso: corríjanse, porque no va haber misericordia con ustedes”, advirtió García.
El gobernador destacó que este tipo de “outsourcing” no solo perjudicaba la generación de empleos reales en el estado, sino que también tenía implicaciones legales y dejaba a los empleados sin acceso a seguridad social. García resaltó la importancia de corregir esta situación para garantizar un entorno laboral justo y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En su discurso, García recordó la mala práctica que había existido en Nuevo León en relación con el “outsourcing”. Según un estudio realizado en años anteriores, aproximadamente el 20% de las empresas en el estado recurrían a esta práctica ilegal, disfrazando a sus empleados como asimilados y evadiendo sus responsabilidades fiscales y laborales.
“Esto además es delito y deja a los empleados sin seguridad social, ya la Tesorería celebró el año pasado un convenio de colaboración con el IMSS y con el SAT”, afirmó García. El gobernador hizo hincapié en que esta problemática ya no pasará desapercibida y que se tomarán acciones firmes para corregirla.
